Entrevista de l’Agència de notícies EFE al Professor Navarro sobre les retallades i alternatives, 30 de novembre de 2011
– Habla en sus artículos de la existencia de otras alternativas al recorte del gasto público que permitirían conseguir igual o mayores recursos por parte del Estado… ¿Cuáles?
En nuestro libro “Hay alternativas. Propuestas para crear empleo y bienestar social en España”, que Juan Torres, Alberto Garzón y yo hemos escrito, explicamos con gran detalle las alternativas que deberían hacerse para reducir el déficit público, alternativas que no afectarían el bienestar de la mayoría de la ciudadanía y que no se están considerando, porque tales alternativas afectarían los intereses de grupos de poder y sectores de la población muy influyentes en la vida política del país.
Por ejemplo, en lugar de congelar las pensiones, que ha significado un ahorro al Estado de 1.200 millones de euros, el Estado podría haber mantenido el Impuesto del Patrimonio (con el cual se habría ingresado al Estado 2.100 millones de euros), o se podría haber anulado las rebajas que se han realizado a los impuestos de Sucesiones, que han beneficiado primordialmente a los sectores más pudientes de la población (2.552 millones) o se podrían haber revertido las bajadas de impuestos ocurridas en los últimos quince años a las personas que ingresan más de 120.000 euros al año (2.500 millones).
Otro ejemplo son los recortes a la sanidad pública, que intentan conseguir un ahorro de 6.000 millones de euros. Una cantidad semejante se podría haber conseguido anulando la bajada de Impuestos de Sociedades de las grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros al año, y que representan sólo el 0,12% de todas las empresas en España. Con ello se habrían conseguido 5.300 millones de euros.
De una manera semejante en lugar de recortar 25.000 millones de euros en los servicios públicos del Estado del Bienestar, tanto a nivel central como autonómico, se podría haber corregido el fraude fiscal de las grandes fortunas, de la banca y de las grandes empresas, que representan el 71% de todo el fraude fiscal y que significa 44.000 millones de euros.
No es, pues, correcto ni cierto que no haya alternativas. Las hay. Recientemente se publicó la noticia en la prensa de que se desea recortar 600 millones de euros en los servicios de ayuda a las personas con dependencia. Se podrían haber conseguido 650 millones de euros para el Estado si se hubiera eliminado el subsidio del Estado a la Iglesia Católica para impartir religión en las escuelas públicas y eliminar las inversiones en equipamiento militar, programadas para estos años en piezas tales como los helicópteros “Tigre”.
Como puede usted ver, hay alternativas. Y lo que es más importante, es que si se le pidiera a la ciudadanía qué preferiría, todas las encuestas muestran que favorecerían más las alternativas que nosotros proponemos que las que se están realizando. Y usted puede preguntarme ¿por qué, entonces, no se hacen? Y la respuesta es que estos grupos cuyos intereses quedarían afectados por las alternativas que proponemos, tienen mucho más poder político y mediático que los grupos de la población afectados por tales recortes. No olvide usted que la democracia española es una democracia muy limitada, en que la influencia de las clases populares es muy menor.
-¿Qué opina que debería hacer el nuevo Gobierno en políticas sociales? El PP siempre ha reclamado al Gobierno mayores ayudas a las familias.
Una cosa es lo que debería hacerse y otra es lo que el gobierno PP hará. Lo que debería hacerse es corregir el enorme déficit de gasto público social que tiene España. Treinta y tres años desde que terminó la dictadura, España continúa a la cola de la Europa social. Es decir, el gasto público social por habitante de España es de los más bajos de la UE-15. Dudo que el PP haga lo que yo propongo. En realidad, en el periodo 1996-2004, cuando el PP gobernó España, la diferencia entre lo que gastaba España en su Estado del Bienestar y lo que se gastaba el promedio de la UE-15, aumentó espectacularmente, incluyendo, por cierto, las transferencias públicas a las familias. Las fuerzas conservadoras en España siempre hablan de la familia como el centro de la sociedad. La familia ocupa una gran importancia en su narrativa y discurso oficial, lo cual contrasta con sus políticas públicas, que son las más insuficientes y pobres de las existentes en la UE-15. La diferencia entre el discurso oficial y la realidad es enorme.
-Usted ha dicho que del cuarto pilar se han desarrollado los servicios de dependencia, pero no la garantía del acceso a las escuelas de infancia públicas… ¿Cree que las políticas en crisis van a dejar aplazados asuntos que suponen invertir en los futuros adultos en detrimento de lo urgente?
Cuando introduje el concepto del cuarto pilar del bienestar en España, incluía el derecho de las familias de acceder a las escuelas de infancia de 0 a 3 años, y los servicios domiciliarios a las personas con dependencia. Estos servicios establecidos como derechos son de una enorme importancia para facilitar la integración de la mujer al mercado de trabajo, uno de los puntos más flacos de nuestro mercado laboral. En contra de lo que los conservadores creen, el Estado del Bienestar, incluyendo su cuarto pilar del bienestar, es una inversión. Para la economía española es más importante establecer escuelas de infancia o servicios de ayuda a las personas con dependencia que hacer trenes de alta velocidad, que sirven a sectores muy pequeños de la ciudadanía. Hay que ayudar a la mujer española a que se integre en el mercado de trabajo, y esto requiere también, por cierto, el cambio de valores en el varón, corresponsabilizándose en las tareas familiares, lo cual estamos muy lejos de haber conseguido.
-Valoración de la aplicación de la ley de dependencia,.. qué ha fallado? ¿Tiene futuro o será necesaria un reforma para que sea viable?
Esta respuesta tiene dos componentes. Uno, muy importante, ha sido la financiación. Esta ley de dependencia estaba subfinanciada desde el principio. Es lo que ocurre también con el Estado del Bienestar español. Todos los indicadores señalan este retraso. Para que usted se haga una idea de esta insuficiencia, le diré que en Suecia uno de cada cuatro suecos trabaja en los servicios públicos del Estado del Bienestar, tales como sanidad, educación, servicios sociales, cuarto pilar del bienestar, entre otros. En cambio en España es sólo uno de cada diez. Ve, pues, que hay un enorme retraso.
Lo cual lleva al segundo punto. La Ley de dependencia no ha desarrollado el componente de servicios. Se ha dado más hincapié a la transferencia monetaria que al desarrollo de servicios. Y esto ha sido un gran error. Se tenía que haber utilizado esta ley como mecanismo de crear empleo. Si en España uno de cada cuatro adultos trabajara en los servicios públicos del Estado del Bienestar incluyendo el cuarto pilar del bienestar, se crearían en nuestro país cinco millones de nuevos puestos de trabajo, eliminando el desempleo.
– Siempre ha defendido que la inversión social repercute en una mejor calidad de vida de los ciudadanos y que también mejora la eficiencia económica…
Tiene que entenderse que la economía es un medio para alcanzar el objetivo más importante que existe en cualquier sociedad: el mejorar el bienestar y calidad de vida de la ciudadanía. Esto que debería ser una obviedad queda totalmente olvidado en el debate actual en el que se dice a la ciudadanía que el mayor problema que tiene España es su deuda pública y su déficit cuando el problema más grande que tiene España, tanto a nivel humano y social como económico, es el desempleo, el cual crea un enorme problema de falta de demanda y falta de estímulo al crecimiento económico. El Estado del Bienestar juega un papel clave en mejorar el bienestar y calidad de vida de la población. Y es la fuente más importante de empleo, tal como le indiqué en mi respuesta al párrafo anterior. Si España tuviera el mismo porcentaje de la población adulta en su Estado del Bienestar que tiene Suecia, no tendríamos desempleo en nuestro país.
Me preguntará usted ¿y cómo se paga todo esto? Pues mire usted, la respuesta es muy fácil, aunque no la verá en la mayoría de los medios. Hacer una reforma fiscal profunda que corrija el enorme déficit de ingresos al Estado. España es el país de la UE-15 que tiene unos ingresos al Estado más bajos. Representan sólo el 32% del PIB. El promedio de la UE-15 es el 44%, y en Suecia es el 52%. Y el hecho de que sea tan bajo no es porque la mayoría de la ciudadanía no pague sus impuestos. En realidad, las personas que están en nómina pagan unos impuestos semejantes a los que están en nómina en la mayoría de países de la UE-15. En realidad, son ligeramente más bajos, pero la diferencia no es muy grande. Donde sí que es muy grande es en las aportaciones al Estado por parte de la grandes empresas, de la banca y de las grandes fortunas. El fraude fiscal de estos sectores representa el 72% de todo el fraude fiscal en España, según los técnicos de la Agencia Tributaria del Estado español. Y ello representa 44.000 millones de euros. Es más, si la política fiscal de España fuera como la de Suecia, y la participación de la mujer en el mercado de trabajo en España fuera la misma que en Suecia, el Estado español ingresaría 200.000 millones de euros más de los que ingresa. Con estos dineros se podría reducir el déficit y crear los cinco millones de puestos de trabajo que he citado anteriormente, corrigiendo a la vez el enorme déficit social de España.
-¿Va a haber retroceso en el ámbito de igualdad? ¿Cómo puede incidir en la vida de la mujer la falta de políticas familiares?
Permítame que le responda primero a su primera pregunta. Las políticas que el Partido Popular ha propuesto, tales como la reducción de los impuestos que beneficiarán predominantemente a las rentas superiores y a las rentas de capital, así como su énfasis en reducir los salarios como manera de aumentar la competitividad y salir de la crisis tendrán un enorme impacto en el crecimiento de las desigualdades de renta en España, y no digamos también de las desigualdades de propiedad. Este crecimiento de las desigualdades aumentará la disminución de la capacidad adquisitiva de las clases populares, generando un mayor endeudamiento y una menor demanda de bienes y servicios, con lo cual se estancará todavía más la economía, no descartándose que entremos no sólo en una Recesión, sino en una Gran Depresión. Me asusta el dogmatismo que muestran los economistas que están asesorando al Sr. Rajoy, que comparten todos los supuestos erróneos que nos han llevado a la enorme crisis en que vivimos. Es sorprendente la intensidad de su fe en un dogma tan erróneo y que nos ha llevado al desastre en que estamos. Y una característica de la intensidad de su fe es su impermeabilidad a los datos. La evidencia científica que muestra su error es abrumadora. Y sin embargo, continúan presionando para expandir esas políticas. Es el dominio de la fe sobre la razón y mero sentido común.
En cuanto a la segunda pregunta, le diré que la experiencia económica y social en nuestro país es que los dos grupos más afectados por el crecimiento de las desigualdades han sido siempre los jóvenes y las mujeres. El conservadurismo que se nos viene encima va a disminuir los derechos que el movimiento feminista ha conquistado, lo cual puede significar un enorme retraso para la sociedad española.
– El viernes se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, ¿para qué debemos aprovecharlo?
Para informar a la ciudadanía de que no es cierto lo que se les dice de que no hay alternativas. Es importante que no sólo las personas con discapacidades, sino toda la ciudadanía, se movilicen para parar estos recortes que no sólo son innecesarios, sino incluso contraproducentes. Los recortes del gasto público social están retrasando la recuperación económica además de dañar la calidad de vida de amplios sectores de la ciudadanía. No es cierto que España no tenga los recursos para tener un Estado del Bienestar al nivel que su economía permite. El PIB de España es ya el 94% del promedio de la UE-15. En cambio su gasto público social es sólo el 72% del promedio de la UE-15. Si fuera el 94% como debería ser, España se gastaría en su Estado del Bienestar 66.000 millones de euros más. España, pues, tiene estos recursos, lo que ocurre es que el Estado, tanto central como autonómico, no los recoge, y ello es debido a la falta de voluntad política del Estado a enfrentarse con aquellos grupos poderosos que cité antes, que no están contribuyendo al Estado tal como deberían hacerlo. La ciudadanía tiene que saber esa realidad que se les oculta, en unos medios que no son suficientemente abiertos en su oferta ideológica. Las voces críticas son sistemáticamente marginadas en un intento de reproducir la sabiduría convencional que beneficia aquellos grupos.