Article publicat per Vicenç Navarro a la columna “Dominio Público” al diari PÚBLICO, 13 de setembre de 2012
Aquest article critica l’eufòria que s’ha creat en cercles financers i polítics d’Espanya sobre l’última decisió del Banc Central Europeu, acceptant la compra de bons públics a curt termini en els mercats secundaris. L’article assenyala els costos que aquesta compra puguin significar per a l’Estat espanyol.
El pasado jueves el Sr. Draghi informó de que a partir de ahora el Banco Central Europeo (BCE) compararía bonos públicos de los Estados que lo solicitaran (en cantidades ilimitadas) asegurándose así de que los Estados no colapsen bajo el peso de tener que pagar precios prohibitivos por los intereses de su deuda pública. Ante este hecho, la gran mayoría de creadores de opinión lanzaron las campanas al vuelo, asumiendo que lo que erróneamente se llamaba “el problema de la deuda pública” por fin se había resuelto. Y con ello se permitía ahora que los Estados pudieran conseguir dinero prestado a intereses más bajos, permitiendo que su deuda pública como porcentaje del PIB disminuyera.
Pero tal optimismo ignora varios hechos. Uno de ellos es que los bonos públicos que el BCE está dispuesto a comprar son bonos públicos a corto plazo, es decir, que el préstamo que supone la venta del bono público debe retornarse en un periodo no más largo de tres años, lo cual limita en gran manera lo que un Estado puede hacer. La mayoría de proyectos que un Estado realiza, tanto en infraestructura social como física, requiere inversiones a largo plazo. De ahí que el periodo de préstamo sea muy importante para definir los usos a los cuales el préstamo puede asignarse.
El segundo problema es que comprar tales bonos en los mercados secundarios facilita el existente parasitismo de lo público por parte de lo privado. Es un subsidio a la banca privada a costa del sector público. Hoy nos encontramos en una situación en la que el BCE está estimulando el mercado secundario, donde el BCE presta dinero a la banca privada (pero no al Estado) con unos intereses bajísimos (menos de un 1%) y, con ello, ésta compra bonos públicos (a unos intereses tres o cuatro veces superiores). La decisión del BCE prioriza el mercado secundario donde se realiza tal transacción. Si en realidad el BCE quisiera ayudar a los Estados, podría haberle prestado dinero al Estado (comprándole deuda pública directamente en el mercado primario, en lugar de hacerlo a través de la banca privada).
Pero el mayor problema (la parte envenenada de la golosina) es que la compra de bonos públicos se hace con la condición de que el Estado pida ayuda a EFSF/ESM (los fondos públicos establecidos por las autoridades de la Eurozona para ayudar a los estados) la cual sí que podrá comprar bonos públicos a largo plazo (es decir, de los bonos más importantes) y en el mercado primario. Ahora bien, el EFSF/ESM pondrá criterios muy austeros para hacer tal tipo de compra. Es decir, antes de que el pobre Estado sediento pueda beber el vaso de agua, tendrá que sudar mucho más. Y las condiciones las pondrán los talibanes neoliberales (que controlarán aquellos fondos mal llamados de ayuda y que acaban de exigir a Grecia que recupere la semana laboral de seis días). Estas condiciones incluirán imponer todavía más y más austeridad, empeorando más y más la situación económica. En toda la euforia que se ha creado a partir de la decisión del BCE, se olvida que el mayor problema que tiene la Eurozona es la falta de demanda, acentuada por los recortes y por la bajada de salarios. Este es el mayor problema que los talibanes neoliberales están y estarán provocando. A no ser que se anulen las medidas de austeridad y, como están pidiendo los sindicatos en la UE, sean sustituidas por políticas expansivas, la Eurozona no saldrá del hoyo en el que se encuentra.